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 Sentencia No. C-005/93Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-005/93   JUEGOS ELECTRONICOS/DERECHO A LA RECREACION-Límites/DERECHOS DEL NIÑO-Protección   La norma demandada en cuanto prohibe el acceso de los menores de catorce años a las salas de juegos electrónicos, no debe ser mirada  únicamente como una limitante del derecho a la recreación, sino como una medida del Estado para proteger a los  menores de los elementos de riesgo a que se ven expuestos al ingresar a las mencionadas salas, en aras de garantizar su desarrollo integral y armónico.   DERECHO A LA RECREACION/DERECHO A LA EDUCACION-Prevalencia   Los derechos fundamentales de recreación y educación no son incompatibles, especialmente en la vida de los menores. Lo ideal, sin lugar a dudas, es que las actividades recreativas estén encaminadas a aportar elementos que contribuyan al adecuado proceso educativo de los usuarios. Cuando esto no ocurra, será indispensable que tanto la familia, la sociedad como el Estado adopten todas a 
 Sentencia No. C-006/93Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-006/93   PROPIEDAD-Alcance constitucional   La propiedad en la Constitución no se identifica con la propiedad privada, que indudablemente es una de sus especies. Materialmente, la propiedad es un elemento fundamental del sistema social que sirve para "organizar y aplicar la riqueza social para que genere desarrollo económico" y permite satisfacer las necesidades de la población. Jurídicamente, la propiedad - como concepto - se proyecta en variados regímenes según el tipo de bien y las exigencias concretas de la función social y en una pluralidad de titularidades privada, solidaria, estatal.   FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD   La función social como expresión del principio de solidaridad y ecuación de los varios intereses en conflicto, es una cláusula general que sólo puede especificarse en el contexto histórico de las relaciones económicas y sociales, y por el Legislador como máximo mediador del conflicto social, sobr 
 Sentencia No. C-007/93Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-007/93   DECRETO DE ESTADO DE SITIO/LEGISLACION PERMANENTE/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza   El artículo 10 transitorio no previó un sistema de control automático en relación con los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio hasta la fecha de promulgación del Acto Constituyente que continuaron rigiendo por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno podía convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, a pesar de su origen y materia, motivo por el cual debe entenderse que las posibilidades de control jurídico a cargo de esta Corte quedaron pendientes del ejercicio de acción pública por parte de cualquier ciudadano, de conformidad con la regla general prevista para los decretos con fuerza de ley por el artículo 241, numeral 5, de la Constitución, pues se trata en último término del ejercicio de facultades extraordinarias, que si bien no fueron conferidas al Presidente por el C 
 Sentencia No. C-024/93Económico y financiero, Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-024/93   ACTIVIDAD FINANCIERA-Regulación   La Constitución de 1991 reconoció un espacio a la actividad financiera sin entrar a determinar un contenido concreto, lo cual indica que las normas que a ella se refieren son de aquellas de textura abierta cuyo alcance material se determina en virtud de las funciones específicas que dicha actividad cumpla concretamente en el marco de las variables circunstancias del sistema económico en su conjunto. Se ocupa de establecer claramente los ámbitos de competencia de la regulación de esta actividad.  Es así como dispone que corresponde al Congreso regularla por medio de normas generales, en cuanto se trata de una actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de  los recursos captados del público. Como se ve claramente, esta disposición vino a sustituír el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Política de 1886 y reubicó en el Congreso el manejo de todo lo concerniente al denom 
 Sentencia No. C-025/93Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-025/93   FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE-Naturaleza   Las facultades que el Constituyente concede al Presidente  en varias disposiciones transitorias, cuya titularidad y ejercicio ordinariamente se atribuye en el cuerpo permanente de la Constitución a otra rama u órgano del Estado, tienen carácter extraordinario, independientemente que el Constituyente así las defina  o que ellas tengan naturaleza normativa, electiva o de pura gestión. El origen de las facultades transitorias concedidas al Presidente se remonta al Constituyente y su finalidad se circunscribe a facilitar el tránsito constitucional. No pueden aquéllas homologarse a las facultades extraordinarias que el Congreso puede otorgar al Presidente. Es de la esencia de una facultad transitoria estar sujeta a un término o a una condición. No puede tener un término inicial establecido por el Constituyente, y uno final a ser definido discrecionalmente p 
 Sentencia No. C-026/93Económico y financiero4/02/1993JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-026/93     TRANSITO CONSTITUCIONAL   Dado que la acusación  se relaciona con vicios de procedimiento en la formación de la ley, el análisis de constitucionalidad,  debe hacerse a la luz de las normas constitucionales vigentes al momento de expedirse el precepto acusado, esto es, la Carta Política de 1886, es de anotar, sin embargo, que las disposiciones constitucionales que la demandante considera infringidas, artículos 77 y 92 del Estatuto Superior anterior, fueron reproducidos en su integridad en la Constitución Nacional.   DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD/LEY-Vicio de Forma   Al amparo de los preceptos constitucionales que hoy nos rigen, las normas que establecen ritualidades en el trámite de formación de las leyes tienen la misma valía e importancia y ocupan igual categoría y jerarquía que aquellos que regulan aspectos sustantivos, de manera que si alguna de esas exigencias o condiciones, son desconocidas por las Cáma 
 Sentencia No. C-027/93Ambiental, Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social, Comercial, Familia JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-027/93   TRATADO INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza   La ley aprobatoria de un tratado público, pese a las características especiales que ostenta no deja por ello de ser una ley, sujeta al control constitucional de la Corte. En el caso en que la violación manifiesta de una norma del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, produzca como consecuencia la violación de una norma fundamental de nuestra Carta Política, aún después de perfeccionado el tratado, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad. Nuestra Constitución no reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política. Por tanto la Carta no autoriza a su guardiana a abstenerse de pronunciar la inexequibilidad de un tratado que aún perfeccionado viola los postulados fundamentales que estructuran la organización jurídico-política e idelógica del Estado colombiano. Un control i 
 Sentencia No. C-031/93Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-031/93   CONMOCION INTERIOR-Causas   Las causales de perturbación del orden público no se circunscriben a sus meras manifestaciones externas. El Estado de conmoción interior coloca temporalmente en manos del Presidente de la República un cúmulo de poderes extraordinarios para conjurar eficazmente la situación de grave perturbación del orden público. El nuevo ordenamiento constitucional exige, que se remuevan los factores de violencia crónica y las posiciones privadas de fuerza que impiden la eficacia misma de la Carta y del orden de vida que ella consagra. Frente a este ordenamiento no hay una "anormalidad normal", sino un complejo aparato de fuerza delincuencial que genera una dinámica antisocial cuya remoción por la vía que resulte más apropiada y justa es condición previa para su efectiva e integral vigencia y que se erige, por tanto, en suficiente y válida causal para declarar la conmoción interior.     REF: R.E.  
 Sentencia No. C-032/93Administrativo8/02/1993JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-032/93   CONMOCION INTERIOR-Conexidad   La conexidad entre las normas del decreto y las causas de la conmoción interior resulta ser palmaria, pues aquellas apuntan directamente a contrarrestar los efectos de éstas, razón por la cual, desde el punto de vista considerado, no existe violación alguna de la preceptiva constitucional.   -Sala Plena-   Ref.: Expediente R.E.-011   Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1811 del 9 de noviembre de 1992, "Por el cual se dictan normas para hacer efectivas las órdenes que en materia de orden público imparta el Presidente de la República"   Magistrado Ponente: Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO   Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta de fecha ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).   I.  ANTECEDENTES   La Secretaría General de la Presidencia de la República, en acatamiento a lo dispuesto  p 
 Sentencia No. C-033/93  JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-033/93   LIBERTAD DE INFORMACION/DERECHOS FUNDAMENTALES   La libertad de información se constituye en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho-deber, esto es, un derecho no absoluto sino que tiene una carga que condiciona su realización. Para el usuario o receptor de la información, la plena realización de su derecho constitucional fundamental se garantiza en la medida en que la información reuna tres requerimientos: que ella sea cierta, objetiva y oportuna. El de la información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a 
 Sentencia No. C-034/93  JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-034/93   POLICIA JUDICIAL-Integración de unidades/FISCAL GENERAL DE LA NACION-Funciones/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA   Las fuerzas militares, en atención a sus objetivos constitucionales carecen de competencia en materia de policía judicial. La integración de las unidades de policía judicial con militares, en el plano constitucional, equivale a una intromisión de la administración en la función jurisdiccional. A la ley corresponde crear cuerpos de policía judicial. No puede la Ley profanar la independencia del Fiscal. El Decreto legislativo lo hace al conferir de manera directa una atribución transitoria de la función policial judicial que sólo el Fiscal podía ordenar, entre otras razones, porque de la misma se genera responsabilidad a su cargo. Si las unidades aludidas se conforman con personal militar, la norma resultará inexequible. Si, en cambio,  dichas unidades se conforman con personal no militar, que es una posibilid 
 Sentencia No. C-035/93Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-035/93   PROCESO PENAL-Protección a testigos/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/DEBER DEL CIUDADANO/COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA   La función pública de impartir  justicia, que consulta el "interés general",  encuentra  justificación en el Orden Superior la protección de los testigos, víctimas e intervinientes en el proceso  judicial de los jueces regionales, en el cual están expresados altos intereses sociales que no pueden resultar insolidarios frente a personas cuya participación en el mismo es indipensable. De manera específica corresponde a  las personas y ciudadanos el deber de "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia" (art. 95 C.N.), circunstancias de criminalidad, particularmente referidas al narcotráfico y a la actividad guerrillera, han venido a convertirse en obstáculo para que los asociados puedan cumplir, amparados por las condiciones de seguridad necesarias, con ese de 
 Sentencia No. C-042/93Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-042/93   DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Vicios de forma/CADUCIDAD   El concepto de extralimitación en el ejercicio de las facultades se contrae, en el presente caso, a un aspecto de nuda competencia. La Constitución Política dispone en su artículo 242-3 que las acciones públicas por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Tratándose de normas expedidas con anterioridad a la nueva Constitución Política, dicho término debe contarse a partir de la promulgación de la misma, es decir, desde el 7 de julio de 1991. La demanda, objeto de este pronunciamiento, fue presentada en Secretaría General el treinta y uno (31) de agosto de 1992, fecha para la cual ya había operado la caducidad.     REF: Demanda Nº D-197 Actor: Jorge Hernán Gil Echeverry   Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 45 del decreto ley 2304 de 1989, que modificó el artículo 206 del 
 Sentencia No. C-052/93Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-052/93   PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION/DEBER DEL CIUDADANO/COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Beneficios   La esencia de la disposición consiste en la creación de una garantía en favor del testigo que rinda declaración sobre la forma o  circunstancias en que se realizó un hecho punible del cual ha tenido conocimiento y que sea de competencia de los jueces regionales, quién o quiénes son los autores materiales o intelectuales del ilícito y cualquier otro hecho que permita determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de esos delitos, que consiste en la prerrogativa de que no serán investigados o acusados por los hechos sobre los cuales rindieron su versión. Se trata, de una forma de respetar el derecho de no autoincriminación, al tiempo que se asegura la obtención de información de interés para las investigaciones. No halla la Corte que los preceptos enunciados infrinjan mandato constitucional alguno, pues e 
 Sentencia No. C-053/93Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-053/93   DEBIDO PROCESO/PRESUNCION DE INOCENCIA   La institución del debido proceso, que se erige en columna insustituible del Estado de Derecho, responde a la necesidad imperativa de establecer un conjunto de garantías jurídicas cuyo objeto principal consiste en proteger a la persona de la arbitrariedad y en brindarle medios idóneos y oportunidades suficientes de defensa a objeto de alcanzar la aplicación justa de las leyes. Supuesto indispensable de ello es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de respon 
 Sentencia No. C-083/93Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-083/93   CONTRIBUCION FISCAL/RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA/CONMOCION INTERIOR   En los tiempos de "no paz", como los del estado de conmoción interior, de acuerdo con la Carta Política de 1991, se pueden decretar contribuciones. Si bien es clara la  prohibición  de rentas específicas recogida de la ley por el Constituyente de 1991, por razones que consultaban un mayor grado de flexibilidad de las finanzas públicas, con lo que se denominó "la unidad de caja", este precepto debe entenderse como regulador de la tributación ordinaria, sólo a cargo de las corporaciones públicas, pero no, de la tributación autorizada por la Constitución Política, a cargo del ejecutivo, en ejercicio de las facultades excepcionales de conmoción interior, como se ha visto, por cuanto, los decretos legislativos que en esta oportunidad se expidan, deben por  mandato de la propia Carta, referirse específicamente a los motivos que dieron lugar a la 
 Sentencia No. C-084/93Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-084/93   TRATADO INTERNACIONAL-Trámite excepcional   El artículo 58 transitorio de la CP autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las cámaras del Congreso de la República. Mediante esta norma excepcional, el Constituyente expresamente introdujo una dispensa del trámite legislativo ulterior en relación con los referidos tratados. Respecto a estos tratados, sólo cabe la fase siguiente de su ratificación por el Gobierno Nacional. La prosecución del trámite legislativo y la previa no improbación decidida por la Comisión Legislativa Especial, no solo resultan innecesarias sino que carecen de fundamento constitucional, pues la eventual decisión negativa no habría impedido su posterior ratificación y la afirmativa recaería sobre un tramo del íter formativo del tratado internacional suprimido excepcionalmente por el Constituyente.   TRATADO INTERNACION 
 Sentencia No. C-085/93Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-085/93   TRATADO INTERNACIONAL/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD   El Constituyente de 1991, consideró necesario disponer la revisión de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus correspondientes leyes aprobatorias debidamente expedidas por el Congreso.  Así se preceptúa en la Carta que esta Corporación decidirá definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.  Luego de sancionada la ley, el Gobierno la enviará para su revisión y cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Se organiza el control como requisito indispensable para la ratificación o adhesión al tratado.   TRATADO INTERNACIONAL-Trámite excepcional/LEY-Carencia de Objeto   El artículo 58 transitorio de la Carta Política de 1991, autorizó al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados cuando hubiesen sido aprobados, al menos, por una de las Cámaras 
 Sentencia No. C-089/93Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-089/93   DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD/CADUCIDAD   El concepto de extralimitación en el ejercicio de las facultades se contrae, en el presente caso, a un aspecto de nuda competencia. De otra parte, la supuesta "intransferibilidad" de la función se predica de la ley de facultades extraordinarias que no fue objeto de la demanda.  La Constitución Política dispone en su artículo 242-3, que las acciones públicas por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Tratándose de normas expedidas con anterioridad a la nueva Constitución Política, dicho término debe contarse a partir de la promulgación de la misma, es decir, desde el 7 de julio de 1991. La demanda, objeto de este pronunciamiento, fue presentada en Secretaría General el ocho (8) de septiembre de 1992, fecha para la cual ya había operado la caducidad   REF: Demanda D-205 Actor: María Teresa Garcés Lloreda    
 Sentencia No. C-093/93Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1993100%...X
Sentencia C-093/93   LEGISLACION PERMANENTE/NORMA DE ORDEN PUBLICO/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Aplicación   En atención a que las disposiciones constitucionales transitorias que se invocan como fundamento para la expedición de las normas acusadas no establecen distinción alguna sobre el tipo y la clase de control de constitucionalidad en esta especial materia del ejercicio de las facultades extraordinarias de origen constituyente, dicho control se debe verificar ante esta Corporación judicial de modo integral, es decir, tanto por el fondo o por el contenido, como por la forma que debe revestir su expedición ante la nueva Carta Constitucional. Aun cuando el nuevo Código de Procedimiento Penal regule en forma sistemática las actuaciones procesales ordinarias, en ningún momento puede entenderse que por su entrada en vigencia se haya producido el fenómeno de la derogatoria de las normas especiales que se examinan. Resulta in 
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