Resultados de búsqueda "1995"

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
# 
Titulo 
Categorías 
Fecha 
Ubicación 
Relevancia 
 
[Condición]
[Condición]
[Condición]
[Condición]
[Condición]
 
 Sentencia No. C-008/95Administrativo, Laboral y seguridad social17/01/1995JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-008/95     LEY ESTATUTARIA-Iniciativa   En cuanto a la iniciativa debe decirse que, en principio, las leyes estatutarias no exigen que ella tenga una procedencia específica, por lo cual, a menos que en razón de la materia tratada de modo particular por sus normas sea indispensable que provenga del Ejecutivo, se aplica la regla general prevista en el artículo 154, inciso 1º, de la Constitución, a cuyo tenor las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de los organismos señalados en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.   APROBACION EN MATERIA LEGISLATIVA   En materia legislativa, la aprobación alude al asentimiento válido de la correspondiente comisión o cámara a un determinado proyecto o proposición, el cual no se entiende otorgado si falta alguno de los requisitos exigidos en abstracto por la n 
 Sentencia No. C-009/95Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-009/95   DELITO POLITICO   El delito político es aquel que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoistas. Debe hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intención.   REBELION   Cabe anotar que el texto acusado (Art. 125 del Decreto 100 de 1980) confunde rebelión con revolución, pues  modificar el régimen constitucional o legal vigente implica una actitud revolucionaria. Al respecto, conviene aclarar dos cosas: primera, no puede abarcar el género revolución 
 Sentencia No. C-010/95Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-010/95   SALARIO INTEGRAL-Exención tributaria   Es claro que la Constitución no prohibe a los patronos otorgar ventajas o trato favorable a los trabajadores.  Lo que la Constitución prohíbe, y con razón, es precisamente lo contrario: menoscabar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores.  Esto no pueden hacerlo la ley ni los acuerdos y convenios de trabajo. Se dice que la norma demandada viola el numeral 9 del artículo 95, porque es injusto que quienes puedan pactar y recibir el salario integral "se beneficien proporcionalmente de una mayor exención tributaria". Si se tiene en cuenta que la exención de impuestos sólo cobija el factor prestacional, el argumento pierde toda su fuerza.  Hipotéticamente la comparación habría que hacerla sobre la parte gravable del salario, y no sobre las sumas o los componentes exentos.   REF: D-634   Demanda de inconstitucionalidad del artículo 18 (parcial) d 
 Sentencia No. C-026/95 02/02/1995JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-026/95   PENA-Fines   La pena, en un sistema como el nuestro, tiene como fin asegurar la convivencia pacífica de todos los residentes en Colombia, mediante la protección de los bienes jurídicos de que son titulares las personas.  Por ello, se ha consagrado no sólo para castigar al sujeto activo del delito, para procurar su readaptación, sino también para prevenir las conductas socialmente reprochables y proteger a la sociedad de su posible ocurrencia. Es así como el Código Penal, en su artículo 12, señala que "La pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora."   PENA-Clasificación   De acuerdo con el Código Penal, las penas se  clasifican en principales y accesorias. Las principales son aquéllas que se imponen en forma autónoma, como consecuencia del hecho punible, en tanto que las accesorias complementan a las primeras y adhieren a ellas. Entre las principales están: la de prisión, arr 
 Sentencia No. C-027/95Económico y financiero, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-027/95   COSA JUZGADA       REF: Expediente Nº D-623   Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 11 (parcial) de la Ley 100 de 1993  "Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones"   Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ     Santa Fe de Bogotá, D.C., Febrero dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995).   Aprobado por Acta Nº 03   La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Jorge Arango Mejía y por los Magistrados  Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa     EN NOMBRE DEL PUEBLO   Y     POR MANDATO DE LA CONSTITUCION     Ha pronunciado la siguiente   &nbs 
 Sentencia No. C-028/95Ambiental, Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-028/95   DEMOCRACIA INDUSTRIAL/DEMOCRACIA ECONOMICA   Los artículos 57 y 60 de la Carta, en el primero de los cuales se diseña el modelo de la democracia industrial, cuando encarga a la ley de establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores logren participar en la gestión de las empresas, y en el segundo, estableciendo a cargo del Estado, la obligación de consagrar "condiciones especiales" que  permitan a los trabajadores de las empresas cuya participación oficial  se enajena, y a las organizaciones solidarias y de trabajadores, el acceso a la respectiva propiedad accionaria. "Tales 'condiciones especiales', pueden consistir en la creación y otorgamiento de medios expeditos y favorables de financiación para la adquisición de acciones, el establecimiento de condiciones financieras ventajosas (plazos, precio y financiación especiales), o cualquier otro incentivo que haga real el propósito del Constituyent 
 Sentencia No. C-029/95  JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-029/95     DERECHO PROCESAL-Finalidad   La finalidad del derecho procesal en general, y de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el derecho objetivo, realización que supone la solución de los conflictos.   DERECHO SUSTANCIAL   Cuando se habla de derecho sustancial o material, se piensa, por ejemplo, en el derecho civil o en el derecho penal, por oposición al derecho procesal, derecho formal o adjetivo.  Estas denominaciones significan que el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos.   DERECHO PROCESAL   Las normas procesales tienen una función instrumental.  Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación.  Por el contrario, el derecho pro 
 Sentencia No. C-030/95Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-030/95   COSA JUZGADA     REFERENCIA: Expedientes D-675.   PETICIONARIO: Marco Tulio Mayo.   NORMA ACUSADA: Artículo 142 (parcial) de la Ley 100 de 1993.   MAGISTRADO SUSTANCIADOR: ANTONIO BARRERA CARBONELL.     Aprobada en Santafé de Bogotá, D. C., a los dos días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).     I. ANTECEDENTES.   Cumplidos los trámites constitucionales y legales de la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a proferir el fallo correspondiente, en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Marco Tulio Mayo contra el artículo 142 (parcial) de la Ley 100 de 1993.     II. LA NORMA PARCIALMENTE ACUSADA.   Los fragmentos acusados son los que aparecen destacados con negrillas en la transcripción del artículo 142 de la Ley 100 de 1993 "por m 
 Sentencia No. C-031/95Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-031/95   COMPETENCIA DISCRECIONAL-Contenido/COMPETENCIA REGLADA   Puede afirmarse que hay facultad o competencia discrecional cuando la autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, es libre (dentro de los límites que fije la ley) de adoptar una u otra decisión; es decir, cuando su conducta no le está determinada previamente por la ley. A contrario sensu, hay competencia reglada cuando la ley ha previsto que frente a determinadas situaciones de hecho el administrador debe tomar las medidas a él asignadas en forma expresa y sujetarse a las mismas.   ACTO DISCRECIONAL-Control jurisdiccional/ARBITRARIEDAD/DISCRECIONALIDAD   Los actos discrecionales están por lo tanto sometidos al control jurisdiccional en ejercicio de las acciones pertinentes, cuando se considera que ellos son violatorios de la Constitución o de la ley. Así, la discrecionalidad en cabeza de la administración no faculta al func 
 Sentencia No. C-038/95  JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-038/95     CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL/IUS PUNIENDI   Ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en el campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas.   LEGISLADOR FRENTE 
 Sentencia No. C-039/95Laboral y seguridad social09/02/1995JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-039/95     DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Caducidad   La Corte Constitucional, modificando la posición jurisprudencial inicialmente asumida -que incluía el tema de la competencia dentro del género de los asuntos formales-, ha venido entendiendo que, cuando la controversia se plantea a partir de un alegato en torno a si quien profirió el acto demandado gozaba de competencia para ello, no resulta aplicable la caducidad prevista en la indicada norma.   MINISTRO DELEGATARIO-Expedición de decretos leyes   El Ministro Delegatario estaba facultado para expedir los decretos con fuerza de ley que desarrollaran las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 11 de la Ley 29 de 1990. Entonces, por este aspecto, la norma atacada se expidió con arreglo a las normas establecidas en la Constitución entonces vigente.   FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Límites   En el campo de las facultades extraordinarias, cuando 
 Sentencia No. C-040/95Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-040/95   CARRERA ADMINISTRATIVA-Nombramiento de quien obtuvo el primer lugar   Pero sea cual fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos.   CONCURSO DE MERITOS-Factores de evaluación   Un verdadero concurso de méritos es aquél en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecu 
 Sentencia No. C-041/95Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
_Sentencia No. C-041/95     CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto   Prescindir del riguroso orden de mérito deducible del concurso público una vez verificado, equivale a quebrantar unilateralmente sus bases. Establecer un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de estímulo. Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de éste aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito - socialmente comprobado -, representado en este caso, por el consecuente  
 Sentencia No. C-042/95Laboral y seguridad social, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-042/95     ESTATUTO DE BOGOTA/SENTENCIA INHIBITORIA POR FALTA DE COMPETENCIA   Con fundamento en la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, concluye la Corte que carece de competencia para conocer sobre la constitucionalidad de los artículos 154 numeral 4o. y 155 del Decreto 1421 de 1993, no obstante que la providencia transcrita del Consejo Superior de la Judicatura no se ocupe de las demandas materia de esta actuación. La Corte se inhibirá de fallar en el asunto de la referencia, por falta de competencia.     REF:    Expedientes     D-646 y D-674              (Acumulados)   Acción de inconstitucionalidad contra   los artículos 154 (parcial) y  155 del Decreto 1421 de 1993, "Por el cual se dicta el Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá".     Actores: CARLOS HERNANDO PARDO GUEVARA LUCY CRUZ DE QUIÑONEZ   Magistrado Pon 
 Sentencia No. C-051/95Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia C-051/95   DECRETO DE ESTADO DE SITIO/FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE EL GOBIERNO SE CONCEDE   Nos encontramos con unas facultades extraordinarias que el Gobierno se concede a sí mismo, por medio de un decreto dictado en virtud de la declaración del estado de sitio. Este es un primer vicio, porque ostensiblemente se excedían los límites de los poderes que el estado de excepción otorgaba al presidente. El, cuyas facultades se limitaban a la suspensión de las leyes incompatibles con el estado de sitio, no podía facultarse, en forma permanente, para legislar sobre asuntos reservados al Congreso.   PATRONOS SIN ANIMO DE LUCRO-Desmedro de trabajadores   Lo que no tiene justificación a la luz de la Constitución, es conceder ventajas a algunos patronos en desmedro de ciertos trabajadores. Estos no tienen por qué pagar los favores que el Estado otorgue a sus patronos. Pues la retribución que el trabajador reciba, debe corresponder a sus  
 Sentencia No. C-052/95Laboral y seguridad social16/02/1995JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-052/95   COSA JUZGADA   PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-No declaratoria de impedimento   La actuación asumida por el Procurador General de la Nación, de no declararse impedido para conceptuar dentro del presente proceso, a pesar de haber intervenido, cuando se desempeñaba como Senador de la República, en el trámite de la ley 100 de 1993, no constituye irregularidad alguna, pues existiendo cosa juzgada no había materia sobre la cual pudiera pronunciarse el citado funcionario, porque en estos eventos su labor se limita a solicitar a la Corte que esté a lo ya resuelto. Siendo así, su proceder se halla plenamente justificado  y es acorde con los principios de la prevalencia del derecho sustancial y de economía procesal.     REF.: Expediente No. D-677   Norma acusada: ley 100 de 1993   Demandante: Humberto de Jesús Longas Londoño   Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ   Acta No.    
 Sentencia No. C-053/95Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-053/95     DERECHO A LA INFORMACION EN INSTITUCIONES FINANCIERAS   La actividad que desarrollan las instituciones financieras y, en general, las personas y empresas que actúan en el mercado financiero y en el de valores, es de interés público (CP art. 335). La adecuada tutela del anotado interés, exige conferir a los miembros de la comunidad un derecho a la información relevante - en términos de mercado - proveniente de aquéllas.   FOGAFIN-Reserva de información   La reserva de información para las instituciones financieras, tiene naturaleza legal y lejos de ser absoluta es relativa, pues, su extensión es variable y depende del interés público que determine el legislador. Dado que los mercados financiero y de valores se rigen por el principio de publicidad en consonancia con la importancia constitucional de tal actividad, como regla general, la reserva de informaciones, a la que se refiere la ley, sólo puede tener po 
 Sentencia No. C-054/95  JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-054/95   COSA JUZGADA     REFERENCIA: Expediente D-684.   ACTOR: Pedro Antonio Herrera Miranda.   NORMA ACUSADA: Artículo 142 de la Ley 100 de 1993.   MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL.     Santafé de Bogotá, D. C., febrero diez y seis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).     I. ANTECEDENTES.   Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a proferir el fallo correspondiente, en relación con la demanda de inconstitucionalidad instaurada por el ciudadano Pedro Antonio Herrera Miranda, contra el artículo 142 (parcial) de la Ley 100 de 1993.     II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA.   El texto de la norma acusada es el siguiente:   "Artículo 142.  Mesada Adicional para actuales pensionados. Los pensionados por jubilación, in 
 Sentencia No. C-055/95Económico y financiero, Administrativo, Penal JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
_Sentencia No. C-055/95     CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia de revisión oficiosa de leyes   Cuando existe un ataque general contra una ley, pero no ataques individualizados contra todos los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el examen de la Corte a esos cargos, pues no corresponde a esta Corporación efectuar una revisión oficiosa de las leyes ordinarias, sino un control de aquellas normas que han sido expresamente demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, por lo cual debe considerarse que cuando hay acusaciones genéricas contra una ley pero no específicas contra los artículos que la integran, lo razonable es que esta Corporación restrinja su examen a los cargos generales contra le ley, pero sin realizar un examen material de todos los artículos de 
 Sentencia No. C-069/95Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1995100%...X
Sentencia No. C-069/95     ACTO ADMINISTRATIVO-Existencia   La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.   ACTO ADMINISTRATIVO-Eficacia   La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una decisión administrativa adoptada  
Página 1 de 12 (228 elementos)Anterior[1]234567101112Siguiente