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 05001 23 15 000 1999 01418 02Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
PERENCION - Falta de pago de gastos del proceso para notificación del auto ante el comisionado   Aparece que la demandante presentó el 7 de febrero de 2005 escrito donde dijo anexar copia de la demanda, copia del auto admisorio y copia del auto de 31 de julio de 2005, cumpliendo hasta ese momento con la carga de gestionar la comisión ordenada. Sin embargo, no aparece dentro del plenario documento que demuestre que después de la radicación de ese escrito, la demandante le haya dado impulso al proceso, o lo que es lo mismo, que haya cancelado los gastos del proceso y que haya efectuado las diligencias de notificación concernientes al envío de los documentos correspondientes por correo certificado al Municipio de Marinilla o al Juzgado Civil del Circuito del mismo ente territorial. En ese orden, encuentra la Sala que la decisión objeto del presente recurso se ajusta al contenido del artículo 148 del C.C.A., toda vez que pese al impulso del trámite efectuado por  
 05001 23 31 000 1995 01415 01Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
LICENCIA DE CONSTRUCCION - Deber de comunicar a los vecinos desde la solicitud y no al conceder la licencia / RECTIFICACION JURISPRUDENCIAL - Falta de comunicación de la solicitud de licencia viola el debido proceso   Esta Corporación en sentencia de 18 de julio de 2001 (Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), frente a un asunto similar al que ahora es objeto de estudio sostuvo que no toda irregularidad en un trámite administrativo conlleva la nulidad del mismo, sino solo en la medida en que el vicio vulnere el derecho de defensa. En este caso, la Sala rectifica la tesis expuesta en la precitada sentencia, habida cuenta de que es evidente que si la ley ha previsto que desde un comienzo, tratándose de materia urbanística, los vecinos de la obra a construir estén enterados de la misma, es porque el legislador ha sido conciente de que la garantía de su derecho de defensa tiene como punto de partida el momento procesal de la comunicación de la solicitud 
 05001 23 31 000 1997 01380 01Aduanero, Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA - El elemento esencial debe constar en el documento de transporte o de importación / DECOMISO DE MERCANCIAS - Procede ante error insubsanable en la descripción del elemento esencial de la mercancía / MERCANCIA NO DECLARADA - Procedencia del decomiso al no corresponder con la descripción declarada: Nylon y Algodón   Advierte la Sala que en este caso no se está en presencia de un error subsanable, sino de una situación que atañe al elemento esencial de la descripción y por ello no hay lugar a examinar otros documentos, como por ejemplo, los que sirven de soporte a la importación (la factura comercial). En efecto, esta Corporación, en numerosos pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 6938), reiterada en sentencias de 18 de noviembre de 2004 (Expediente 1502 (8503), Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),  y de 11 de diciembre de 2006 (Expediente núm. 1999-00036), ha sid 
 05001 23 31 000 1997 02499 01Ambiental, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - Requisitos; improsperidad ante falta de incompatibilidad entre acuerdo municipal sobre prohibición de vallas con norma constitucional de 1991 / PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - Prohibición: inaplicación de excepción de inconstitucionalidad   Con la excepción de inconstitucionalidad se pretende dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución Política que señala que ésta es norma de normas y que en  caso de incompatibilidad  con la ley u otra norma jurídica, se deben aplicar las normas constitucionales. Esta excepción, como es sabido, debe reunir ciertos requisitos para su procedencia, uno de los cuales es la palmaria y flagrante oposición entre los textos constitucionales y la norma cuya inaplicación se pretende, de tal manera que si no existe incompatibilidad manifiesta, no tendrá vocación de prosperidad la inaplicación que se pretende. El Acuerdo 38 de 1990, por medio del cual se expide el Estatuto Municipa 
 05001 23 31 000 1998 00158 01Aduanero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
IMPORTACION TEMPORAL A CORTO PLAZO - Garantía con póliza global o individual; vigencia; prórroga; incumplimiento en prórroga / POLIZA EN IMPORTACION TEMPORAL - Requisitos en prórroga / PRORROGA DEL PLAZO EN LA IMPORTACION TEMPORAL - Requisitos   Teniendo en cuenta la realidad fáctica y las normas aplicables, la Sala concluye lo siguiente: 1º. Que es cierto que se puede respaldar una importación temporal a corto plazo con una póliza global o bien con una póliza específica o individual. 2º. Que bien sea que  la respectiva importación temporal a corto plazo se respalde con una póliza global o individual, dicha póliza debe siempre tener como mínimo de vigencia la duración del régimen temporal y tres meses más y, en caso de prórroga, el término de tal prórroga y tres meses más. 3º. Que no es cierto, como lo afirma la apelante, que la póliza global (300193) con que inicialmente respaldó la importación temporal a corto plazo del motor de avión servía para amparar la 
 05001 23 31 000 1998 02702 01Aduanero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
RECURSO DE RECONSIDERACION EN MATERIA ADUANERA - Eliminación de la presentación personal / PRESENTACION PERSONAL DEL RECURSO DE RECONSIDERACION - Eliminación por artículo 33 del Decreto 2150 de 1995 / PRESENTACION PERSONAL - Vigentes únicamente las previstas en los Códigos   El actor si cumplió con la presentación personal del recurso de reconsideración exigida en el artículo 8º antes trascrito, pues dicha norma no indica que debe surtirse ante la misma Administración, luego no cabe al intérprete hacer distinciones que el legislador no hizo y, por tanto, la presentación que del mencionado recurso se hizo ante notario público impedía a la DIAN rechazarlo, como equivocadamente lo hizo. Además de lo anterior, le asiste razón también al fallador de primera instancia en cuanto consideró que la DIAN no tuvo en cuenta que el artículo 33 del Decreto 2150 de 1992 (sic) eliminó la exigencia de la presentación personal en los trámites ante la Administración Pública, con 
 05001 23 31 000 1999 01801 01Ambiental, Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
FACULTAD IMPOSITIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL - Establecimiento, reforma o eliminación de tributos con sujeción a la ley / CONCEJO MUNICIPAL - Facultad impositiva sujeta a la ley / IMPUESTO DE USO Y OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO - Sujeción a la ley   Del  texto  del  Acuerdo transcrito claramente se advierte que con su expedición el Concejo Municipal de Itagüí está creando un tributo a cargo de las empresas prestadoras de los servicios públicos y de telecomunicaciones por el uso, ocupación y afectación del espacio público, equivalente al 3.5% mensual sobre el monto de los ingresos totales brutos recaudados. En relación con la facultad impositiva de los Concejos Municipales, esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencias de 7 de octubre de 1999, de la Sección  Primera (Expediente 5487 Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa) y de 5 de marzo de 2004  de la Sección Cuarta (Expediente núm.  13.584, Consejero ponente doctor Ju 
 05001 23 31 000 1999 01981 01Aduanero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA ADUANERA - Requisito de norma posterior y de no haberse tomado decisión que ponga fin a la actuación   Se observa, entonces, que el referido principio tiene regulación especial en una materia que no es precisamente penal, sino administrativa, por ende la Sala considera que se ha de atender dicha regulación en la medida en que estuviere vigente para la época en que se tramitó el procedimiento administrativo objeto del sub lite, pues se trata de disposiciones vinculantes, de carácter público, adoptadas mediante facultades constitucionales propias del Presidente de la República y dentro de los límites de leyes marco. Según tal regulación, la aplicación de una norma posterior que sea más favorable al encartado se hará siempre y cuando no haya sido tomada la decisión que ponga fin a la actuación administrativa del asunto, pues a esa decisión es que se refiere dicha norma cuando prevé que “la administración deberá aplicarla obl 
 05001 23 31 000 2000 02629 01Aduanero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
DEFINICION DE LA SITUACION JURIDICA DE LA MERCANCIA - Procedimiento: Decreto 1800 de 1994 / CONTRABANDO - Procedimiento para la determinación del responsable: Decreto 1750 de 1991 / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ADUANERO - Difiere el que define situación jurídica de la mercancía del que fija responsabilidad de los sujetos por contrabando   Es necesario precisar la diferencia que existe entre el procedimiento administrativo tendiente a la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida y el procedimiento que se lleva a cabo con posterioridad a la verificación de la infracción administrativa de contrabando y que tiene como objeto determinar la persona responsable de la infracción mencionada. El artículo 1º del Decreto 1800 de 1994, aplicable al caso concreto, establece el procedimiento que debe efectuarse para definir la situación jurídica de la mercancía aprehendida. Señala: (...). Por su parte los artículo 8º, 9º y 10º del Decreto 1750 de 1991  
 05001 23 31 000 2000 02875 01Aduanero, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA - Se exige en declaración de importación / FACTURA DE NACIONALIZACION - Uso en régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure / REGIMEN ADUANERO ESPECIAL - Maicao, Uribia y Manaure: introducción de mercancía al resto del territorio por viajeros y comerciantes   La norma transcrita hace relación a la descripción de la mercancía amparada en una “declaración de importación”, pero en ningún caso se refiere a la descripción de las mercancías amparadas en una “factura de nacionalización” siendo estos dos términos aplicables a situaciones diferentes; la declaración de importación es una obligación aduanera que nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al  territorio nacional, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 1909 de 1992. A la factura de nacionalización que presentó la actora se refiere el Decreto 1706 de 1992, vigente para la época de los hechos, que estableció un régimen preferencial en materia  
 05001 23 31 000 2000 03129 01Aduanero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
CONTRABANDO - Presunción de buena fe a quien adquiere vehículo matriculado y revisado por la Sijin /% BUENA FE EXENTA DE CULPA - Adquisición de vehículo matriculado y revisado por la Sijin /% PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA - Adquisición de vehículo matriculado y revisado por la Sijin /% TERCERO DE BUENA FE EXENTA DE CULPA - Adquisición de vehículo matriculado y revisado por la Sijin: no incurre en contrabando   Dicha entidad se centró exclusivamente en la tesis de la presunta mala fe de quien incumple sus obligaciones tributarias, concretándolas en este caso en la supuesta obligación del actor de presentar la declaración de importación y pagar los derechos aduaneros del susodicho automotor; apoyándose para el efecto en las sentencias C-160 de 1998 y C-690  de 1996. Las circunstancias descritas de suyo no encuadran en la referida presunción, pues es evidente que el actor fue adquirente de buena fe e incluso de manera precavida y diligente dentro de la práctic 
 05001 23 31 000 2000 03360 01  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
IMPUESTO POR EL USO DEL SUBSUELO EN LAS VIAS PUBLICAS - Facultad impositiva del concejo no es originaria sino derivada / CONCEJO MUNICIPAL - No puede crear impuestos sin autorización legal / FACULTAD IMPOSITIVA TERRITORIAL - Límites   Conforme lo advirtió la Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003 (Expediente 1999-0997 (12246) Consejera ponente doctora Ligia López Díaz), que ahora se reitera, “la potestad tributaria de los municipios es derivada,  en el entendido que las entidades territoriales en materia impositiva solo pueden establecer aquellos tributos creados en la ley en la medida y condiciones en ella previstos, es decir, su facultad impositiva no es originaria y está necesariamente referida a la LEY.  En ejercicio de  dicha facultad no pueden  crear  impuestos, toda vez que  la facultad impositiva corresponde,  al Congreso de la República, por disposición del artículo 338 de la Constitución Política”. En concordancia con 
 05001 23 31 000 2002 01645 01  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
AUTO QUE DECIDE APELACION O QUEJA - No procede recurso alguno: falta de jurisdicción   El artículo 29 del Código de Procedimiento Civil establece: Art. 29. Atribuciones de las salas de decisión y del magistrado ponente. Corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación o queja, o una acumulación de procesos, o un conflicto de competencias; contra estos autos no procede recurso alguno.... Comoquiera que por auto de 23 de noviembre de 2006 impugnado, la Sala decidió el recurso de apelación y revocó el auto de 3 de septiembre de 2004 por el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó enviar el expediente al Juzgado Civil del Circuito (Reparto) de Medellín, en su contra no procede recurso alguno, al tenor del artículo 29 transcrito, aplicable por virtud de lo dispuesto en el artículo 180 del CCA. Así se decidirá.     CONSEJO DE ESTADO   SALA DE LO CONTEN 
 05001 23 31 000 2002 02071 01  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
FALTA DE JURISDICCION - El auto que lo declara no es apelable   En un asunto similar al que se discute, esta Sala mediante auto del 13 de julio de 2006 proferido en el expediente 2003-01293-01, al desatar el recurso de súplica interpuesto contra el auto que rechazó la apelación pertinente atacando una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, solamente respecto de la declaración de falta de jurisdicción y que remitió el expediente a la jurisdicción ordinaria, consideró lo siguiente: Según el artículo 216 CCA, cuando el juez o magistrado que está conociendo del proceso declare falta de competencia o de jurisdicción, ordenará remitirlo al que estime competente por auto contra el cual no procede recurso alguno. Si bien en este asunto el a quo declaró la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito la Sala mayoritariamente ha sostenido que el auto que declara la falta de jurisdicción no e 
 05001 23 31 000 2003 03126 01  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
FALTA DE JURISDICCION - Contra el auto que lo declara no procede ningún recurso / DECLARACION DE FALTA DE JURISDICCION - Control judicial distinto a los recursos / NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE JURISDICCION - Revocación al dictarse por juez que ordena remisión y no el definitivo   La Sala considera imposible cuestionar las razones con fundamento en las cuales el a quo declaró la falta de jurisdicción, toda vez que, como se ha señalado en reiteradas oportunidades, dicha providencia no es apelable y contra la misma no procede recurso alguno, a la luz de los artículos 181 y 216 del C.C.A. Ahora bien, según lo previsto en el artículo 216 del C.C.A., el primero que debe abordar el estudio de la declaración de falta de jurisdicción es el juez que viene conociendo del proceso, lo que sucedió en el caso bajo examen. Adicionalmente dicho análisis puede hacerlo el juez al que se remite el expediente, quien si no está de acuerdo con la decisión y como consecuencia de el 
 05001 23 31 000 2004 04832 01 APAmbiental, Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
RESIDUOS HOSPITALARIOS - Reglamentación de la gestión integral; manual de procedimientos; gestión interna y externa; funciones de la CAR   El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional, expidió el Decreto 2676 de 2000 (22 de diciembre) por el cual se reglamenta ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. De su contenido normativo, resulta oportuno lo siguiente: (…). En virtud de lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 1164 de 2002 (6 de septiembre), «por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares». Por su parte, los numerales 7º y 8º de la Resolución 1164 de 2002 definen la gestión interna y externa así: (…). Advierte la Sala que los hechos materia de la acción popular tienen relación con la gestión externa de los residuos hospit 
 05001 23 31 000 2004 07101 01 APAmbiental, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
RED VIAL NACIONAL - Competencia de la Nación Invías / FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES - Supresión; liquidación; asunción de funciones por Invías / SEÑALIZACION VIAL NACIONAL - Competencia del Invías   Esta Corporación, con ocasión de acciones populares análogas, ha tenido la oportunidad de estudiar la naturaleza de la red vial nacional, y ha determinado que es competencia de la Nación, por medio del INVIAS, acometer las obras necesarias en ella, así: Respecto a las autoridades responsables de estas vías, la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, que contiene normas básicas sobre el transporte, redistribuye competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, establece, en su artículo 19, que la planeación, construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte corresponde a la Nación y a las entidades territoriales respecto a todas y cada uno de los componentes de su propiedad. En el artículo 12, ibídem, señala que  
 05001 23 31 000 2005 00524 01Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
ASOCIACION DE MUNICIPIOS - Naturaleza; están dotados de jurisdicción coactiva / JURISDICCION COACTIVA - Actos jurisdiccionales impugnables solo en dicho proceso / ACTO JURISDICCIONAL EN JURISDICCION COACTIVA - No sujeto a control contencioso administrativo   El artículo 148 de la Ley 136 /1994 autoriza a los municipios ─incluso pertenecientes a diversas entidades territoriales─ , para asociarse con el fin  de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas. El artículo 149 ibídem reconoce a las asociaciones de municipios el carácter de entidades administrativas de derecho público y les confiere los mismos derechos,  exenciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Por lo tanto, así como los municipios están dotados de jurisdicción coactiva por el artículo 68 CCA para cobrar  las obligaciones a su favor, también las asociaciones tienen este privilegio 
 05001 23 31 000 2005 01376 01 APEconómico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PEQUE - Invulneración de derechos colectivos ante fondo de prevención de desastres, falta de prueba del daño contingente y existencia de hidrantes   Las pruebas antes relacionadas si bien revelan la ausencia de un Cuerpo de Bomberos Oficial en el Municipio de Peque, o de la contratación de este servicio con uno voluntario debidamente organizado de conformidad con lo dispuesto por el legislador, no permiten aseverar que la administración municipal haya permanecido negligente o totalmente ajena frente a su obligación de  prevenir la ocurrencia de incendios. Esto último es así pues de sus descargos y documentos anexos se desprende que pese a las restricciones presupuestales existe un Fondo de Prevención y Atención de Desastres creado mediante Acuerdo 02 del 20 de enero de 1991, administrado por el Comité Local de Emergencias, con recursos provenientes del impuesto predial, donaciones y auxilios, al punto que a marzo de 2005, s 
 05001 23 31 000 2005 01383 01 APAmbiental, Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Primera>2007100%...X
SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS - Reglamentación como servicio público esencial; sobretasas a impuestos territoriales; funciones / HIDRANTES PUBLICOS - Reglamentación   En orden a resolver lo pertinente, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 322 de 1996 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras disposiciones”, la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado, a quien le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa, o por medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Según esta disposición, es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los Cuerpos de Bomberos Voluntari 
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