Resultados de búsqueda "2004"

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna
# 
Titulo 
Categorías 
Fecha 
Ubicación 
Relevancia 
 
[Condición]
[Condición]
[Condición]
[Condición]
[Condición]
 
 05001 23 24 000 2000 3959 01 22261Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL - Jurisdicción contencioso administrativa / RECURSO DE APELACION  - Auto de mandamiento ejecutivo / MANDAMIENTO EJECUTIVO - Recurso de apelación / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO - Contrato   El artículo 75 de la Ley 80 de 1993, asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales; no obstante, dado que el Código Contencioso Administrativo no contiene disposiciones para el desarrollo de los procesos ejecutivos, por remisión expresa del artículo 87 del C.C.A., debe acudirse a las normas del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Ahora bien, dicha normatividad procesal, fue recientemente reformada en su articulado por la Ley 794, promulgada con fecha 9 de enero de 2003 y vigente a partir del día 9 de abril del mism 
 05001 23 26 000 1991 0654 01 14955Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
GRADO JURISDICCIONAL DEL CONSULTA - Competencia. Cuantía   A pesar de que la sentencia sólo fue apelada por el municipio de Marinilla, también se revisará en el grado de consulta frente al Ministerio de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del C.C.A., porque la condena que se impuso fue de 5.000 gramos oro, los cuales equivalían a la fecha de la sentencia a 61.571.150, suma que superaba la cuantía establecida para los procesos de doble instancia, que era de $13.460.000. No se aplica en el caso concreto la modificación realizada en la ley 446 en materia de consulta, por cuanto el artículo 163 de la misma previó que el recurso debe tramitarse conforme a las normas vigentes al momento de su interposición y ésta se produjo el 1 de diciembre de 1997.   RETENIDOS - Obligación de resultado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO -   Retención de personas   En determinados eventos, el Estado asume una obligación específica de  
 05001 23 31 000 1992 1484 01 15791Laboral y seguridad social, Penal JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Pretensión. Ejercicio de actividad laboral   Entre los argumentos de defensa aducidos por la parte demandada, se encuentra el de indebida escogencia de la acción, sosteniendo que la incoada por los demandantes no es la que corresponde para el ejercicio indemnizatorio pretendido, pues la acción que se debía impetrar era una acción de carácter laboral, ya que se trata de un servidor público que sufrió un accidente en ejercicio de su actividad laboral, por lo tanto, según el recurrente la acción estaría encaminada a demostrar propiamente la culpa patronal de la institución Policía Nacional. Al respecto, resulta equivocada dicha argumentación, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, “la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho…” , tal y como sucede en el sub lite, pues no es la condición de servidor público lo que determ 
 05001 23 31 000 1992 5177 01 14145Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA - Cuantía de la condena impuesta / RECURSO DE APELACIÓN - Cumplimiento del principio de no reformatio in pejus / PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS - Recurso de apelación   Teniendo en cuenta la cuantía de la condena impuesta por el a quo, se advierte, en primer lugar, que esta Sala sólo tiene competencia para conocer, en segunda instancia, los aspectos objeto del recurso de apelación interpuesto, dado que, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia, no procede, en este caso, la consulta en favor de la entidad demandada. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 446 de 1998, el recurso debe tramitarse conforme a las normas vigentes cuando el mismo se interpuso, esto es, el 14 de julio de 1997. Y con anterioridad a la expedición de la citada ley, esta Sala precisó, en varios pronunciamientos, que, con el fin de establecer la procedencia de la consulta, debía tenerse en cuenta el monto 
 05001 23 31 000 1993 0806 01 14777  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
LEGITIMA DEFENSA - Examen de proporcionalidad / USO DE ARMA DE FUEGO - Respuesta de la fuerza pública   La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración; sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha prestado especial atención a los casos en que la ley permite el uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones. El examen de la proporcionalidad que debe existir entre, la respuesta de la fuerza pública y la agresión que ella misma padece, en éste tipo de eventos, para que su conducta pueda configurar una legítima defensa, debe someterse a un examen más riguroso que el que se pudiera hacer en el común de los casos. Efectivamente, los elementos configurantes de la legítima defensa deben aparecer acreditados de manera indubitable, de modo que el uso de las armas de fuego aparezca como el único 
 05001 23 31 000 1998 1257 01 25110Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
CONCILIACION JUDICIAL - Aprobación / ARMA DE DOTACION OFICIAL - Régimen de responsabilidad aplicable   El uso de las armas por parte de las autoridades de la Policía, para controlar el orden público, está estrictamente limitado en el artículo 30 del decreto ley 1355 de 1970, modificado por el artículo 109 del decreto 522 de 1971 (Código Nacional de Policía) que establece que “para preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento”. Además, se señala en esa misma disposición que “salvo lo dispuesto en la ley sobre el régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga”. En síntesis, en el caso concret 
 05001 23 31 000 1999 2584 01 25203  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
VINCULACION DE TERCEROS AL PROCESO - Oportunidad / ACCION DE REPETICION - Solicitud de vinculación de tercero al proceso. Oportunidad / LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Relación legal / LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Relación contractual   En desarrollo del artículo 217 del C.C.A., en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El texto anterior prevé la facultad que tiene el demandado para solicitar la vinculación de terceros hasta el último día de fijación en lista. Sin embargo, el artículo 20 de la ley 678 de 2001, amplió el término para la solicitud de intervención de terceros (en el caso de llamamiento con fines de repetición) hasta antes de finalizar el período prob 
 05001 23 31 000 2001 2811 01 23626Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
TITULO EJECUTIVO - Condiciones formales y de fondo / OBLIGACION EXPRESA - Título ejecutivo / OBLIGACION CLARA - Título ejecutivo / OBLIGACION EXIGIBLE - Título ejecutivo   Las obligaciones ejecutables, según la ley procesal civil, artículo 488 del C. P. C., requieren de demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales, como de fondo. Las primeras miran, a que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica; que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez etc. Las segundas condiciones, de fondo, atañen a que de ese o esos documentos, con alguno de los orígenes indicados, aparezca a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”. Frente a esas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse 
 05001 23 31 000 2002 1589 01 26947  JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
PROCESO EJECUTIVO - Competencia. Ley 685 de 2001 / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Procesos ejecutivos. Competencia / FACTURA DE COBRO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS - Proceso ejecutivo. Competencia   Antes de la expedición de la ley 689 de 2001, la jurisdicción contenciosa administrativa conocía de los procesos ejecutivos cuando  -el título ejecutivo tenía como base el recaudo de una sentencia condenatoria proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa; -el proceso se derivaba directamente del contrato estatal de conocimiento de esta jurisdicción y -en el evento en que el título ejecutivo fuera una factura de cobro de prestación de servicios públicos domiciliarios, expedida por empresa prestadora de servicios públicos, solamente cuando dicho contrato fuera de conocimiento de esta jurisdicción. Esa competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de los procesos ejecutivos, cuando el título es una factura de cobr 
 05001 23 31 000 2002 3635 01 25453Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Régimen contractual / REGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - Jurisdicción competente / CLAUSULA EXORBITANTE - Contrato de servicio público domiciliario. Contrato estatal   El contrato objeto de la presente controversia sí contiene cláusulas exorbitantes, las cuales se estipularon en el pliego de condiciones y este hace parte del contrato -por expresa autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA-, en la forma que lo dispone el artículo 31 de  la ley 142 de 1994, con la modificación que le introdujo el artículo 3o de la ley 689 de 2001-, razón por la cual, se está en presencia de un contrato estatal y es esta la jurisdicción competente para conocer de la demanda de nulidad contra los actos acusados y de las demás controversias que se plantean en la demanda, con ocasión del contrato No. 1108207 celebrado entre las partes.  Nota de Relatoría: V 
 05001 23 31 000 2003 2114 01 26723Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
TITULO EJECUTIVO - Copia auténtica / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD - Original de documentos privados   Los documentos amparados con la presunción de autenticidad de que trata el artículo 12 de la ley 446 de 1998 SON SOLAMENTE LOS ORIGINALES DE DOCUMENTOS PRIVADOS. Por lo tanto, como en este caso, si se aportan al expediente unas copias de unos documentos públicos para que los mismos presten mérito ejecutivo, se requiere que estén autenticadas de alguna de las formas establecidas en el artículo 254 del C. P. C. para que pueden tener el mismo valor probatorio del original. Particularmente, se pretende la ejecución del valor de los contratos  estatales suscritos para la administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud, y por lo tanto, debieron aportarse en estado de valoración los contratos y las actas de liquidación, esto es en original o en copia auténtica o autenticada. Pero ocurre que tanto los contratos 001 y 003 y las actas de li 
 07001 23 31 000 1997 0132 01 14292Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS - Mayor cantidad de obra / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS - Contrato adicional / MAYOR CANTIDAD DE OBRA - Contrato a precios unitarios / CONTRATO ADICIONAL - Contrato a precios unitarios   El Consejo de Estado observa a diferencia de lo dicho por el Tribunal que los hechos probados fundamento de las pretensiones son indicadores claros de que la controversia planteada por el demandante es de naturaleza contractual, pues las pruebas muestran que durante la ejecución del contrato de obra, A PRECIOS UNITARIOS, acaecieron hechos vinculados directamente con el objeto y cantidades previstas en los contratos principal y adicional (en valor y plazo), y otros hechos también vinculados con dichos contratos, por ejecución de mayores cantidades de obra, ejecutadas por el contratista a ruego de la Administración y a su recibo a satisfacción. Ese punto jurídico esbozado respecto de la demanda ha sido tratado por la jurisprudencia,  
 08001 23 31 000 1991 00268 01 15070Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS - Recurso   Como el recurso lo propuso sólo el demandado y aquel cuestiona la sentencia de primera instancia, únicamente, en relación con los cargos que culminaron con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, el estudio se limitará a lo propuesto por el recurrente, en consonancia con el principio de la non reformatio in pejus (art. 357 C. P. C).   INCORA - Competencia / DELIMITACION DE AREAS URBANAS - Cesión a municipios  / PRESUNCION DE BALDIO - Cesión a los municipios de terceros urbanos / PERDIO RURAL - Definición legal / ADJUDICACION DE BALDIOS - Terreno urbano   En lo referente a la competencia del Incora y dentro del marco de disposiciones citadas como infringidas por aplicación indebida o por falta de aplicación, se encuentra el decreto 3133 de 1965 que señalaba que “( ) los terrenos baldíos comprendidos dentro del área urbana señalada por los Concejos Municipales o de aquella que resulte d 
 08001 23 31 000 1993 7649 01 14696Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA - Grado de dificultad. Carácter científico / PRINCIPIO DE PROBABILIDAD PREPONDERANTE DE LA PRUEBA - Concepto doctrinal / GRADO DE PROBABILIDAD PREPONDERANTE - El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles / RELACION DE CAUSALIDAD - Prueba. Grado suficiente de probabilidad   Las dificultades que ofrece para el demandante la demostración de la falla del servicio, se han hecho respecto de la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya indemnización se reclama. En efecto, también en ello están involucrados elementos de carácter científico, cuya comprensión y demostración resulta, en ocasiones, muy difícil para el actor.  En sentencia del 3 de mayo de 1999, está Sala manifestó: “En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la prueba 
 08001 23 31 000 1993 8295 01 14327Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
ATENCION MEDICA - Soldados y grumetes de las fuerzas militares. Servicio activo / SERVICIO ACTIVO PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES - Atención médica   Atendiendo a los resultados y recomendaciones de la Junta  Médica Laboral, a través de la orden Administrativa de Personal No 1059 de 31 de octubre de 1988 se ordenó el retiro del servicio del soldado Zúñiga Martínez, acto administrativo que  según las pruebas obrantes en el expediente, quedó en firme al no haber sido impugnado por la parte interesada. Siendo así las cosas, y en virtud del o dispuesto en los artículos 1º del Decreto 2728 de 1968 y 4º del Decreto 1836 de 1979,  como a partir  del día en que fue dado de baja, el soldado ya no se encontraba en servicio activo  y para esa fecha ya se le había practicado certificado médico de evaluación en el cual se le determinó una incapacidad del  24%, es claro que en ese momento cesó para la entidad demandada  la obligación asistencial que tenía con Róbinson Zú 
 08001 23 31 000 2000 2145 01 22351Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
TITULO EJECUTIVO JUDICIAL - Interés comercial moratorio / INTERES COMERCIAL MORATORIO - Incluye indexación e interés legal / INDEXACION - No procede en el ejecutivo judicial   Se recuerda que el título ejecutivo, es complejo y contractual de naturaleza judicial conformado por el acta de conciliación prejudicial aprobada judicialmente.  Por tanto el valor del crédito que contiene el título sólo gana intereses comerciales moratorios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177 del C. C. A. idénticos a los previstos por el legislador para las sentencias, salvo que las partes acuerden en contrario y disminuyéndolos. La cualidad de esos intereses conduce, como lo ha explicado la Sala, a que el ejecutivo judicial no se indexe, pues esos intereses comportan conjuntamente los conceptos de “indexación” y de “interés legal”. Así lo indica, claramente, el artículo 65 de la ley 23 de 1991, que fue modificado por el 72 de la ley 446 de 1998.   Auto 02145 del 04/0 
 08001 23 31 000 2000 2482 01 24935Administrativo, Comercial JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
INTERESES COMERCIALES - Corrección monetaria / INTERESES MORATORIOS - Indexación   Ha dicho la sala que no es procedente la liquidación de intereses comerciales simples o de mora con la corrección monetaria o indexación, toda vez que la tasa de interés comercial lleva en su interior la corrección monetaria. No obstante, la actualización si puede concurrir cuando se condena al pago del interés legal civil, por cuanto esa tasa de interés no incluye ningún valor por devaluación del dinero, distinta a la tasa de interés corriente bancario que es más alta en atención a que incluye la devaluación. En esta condiciones, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, reglamentado por el art. 1º del decreto 679 de 1994, previó la procedencia del reconocimiento de intereses moratorios sobre el capital histórico actualizado. Nota de Relatoría: Ver Exps. 5322 del 7 de marzo de 1980 y 3886 del 6 de agosto de 1987   MANDAMIENTO DE PAGO - Obliga 
 08001 23 31 000 2000 2653 01 22006Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
PROCESO EJECUTIVO - Finalidad / MEDIDA CAUTELAR -  Finalidad   El Estado como dispensador de justicia, no sólo tiene a su cargo a través de los jueces, la resolución de los conflictos que se suscitan con ocasión de la aplicación de la ley y del ejercicio de los derechos por parte de los administrados, sino también la de garantizarles que, en cuanto sean titulares de derechos indiscutibles, puedan ejercerlos aún en contra de la voluntad de terceros, puesto que lo mismo da no tener un derecho, que tenerlo y no poderlo ejercer; por ello, al lado de los procesos de conocimiento y declarativos, en los que se busca establecer la existencia de los derechos, se halla el proceso ejecutivo, mediante el cual, el juez dispone el pago coercitivo de obligaciones insolutas que constan de manera clara, expresa y exigible en uno o varios documentos que reciben el nombre de título ejecutivo; es decir que mediante este proceso, lo que se pretende por parte del demandante acreed 
 11001 03 26 000 1996 03934 00 12279Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
ACTO DE TRAMITE - Impugnación judicial. Improcedencia / LICITACION PUBLICA - Procedimiento / ACCION DE NULIDAD - Acto de trámite. Improcedencia / ACTO PRECONTRACTUAL - Acto administrativo. Definitivo. Demandable   El acto demandado tiene todas las características de ser un acto de mero trámite dentro de la licitación 01 de 1995, toda vez que al ser la licitación un procedimiento para la escogencia de una persona que se encuentra interesada en la ejecución de un contrato de la administración, un acto definitivo de este proceso debe contener la voluntad de la administración tendiente a resolver definitivamente sobre la selección del eventual contratista, bien sea escogiendo a uno de los oferentes, o declarando desierta la licitación, o desistiendo de continuar el proceso de selección, lo cual impediría seguir adelante con la actuación administrativa. La Sala observa que el acto demandado no encaja en ninguno de los supuestos previstos anteriormente, ya que los  
 11001 03 26 000 1997 2932 01 12932Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sección Tercera>2004100%...X
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA - Principio de la contratación estatal   El Estatuto de Contratación Administrativa se funda en  principios generales, dentro de los cuales se destacan el de transparencia, economía y el responsabilidad, contenidos en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley con el objeto de garantizar el derecho a la  igualdad de los oferentes y el cabal cumplimiento de los fines estatales. El principio de transparencia, previsto en el artículo 24 prevé la imparcialidad y la escogencia objetiva de contratistas, a cuyo efecto establece procedimientos de selección con actuaciones motivadas, públicas y controvertibles por los interesados. En desarrollo del anterior principio se reguló el deber de selección objetiva del contratista en el artículo 29. Se tiene así que la intención del legislador fue regular la escogencia del mejor oferente mediante una selección en la que prime la transparencia y la igualdad de oportunidades, ajena a consideracio 
Página 1 de 8 (160 elementos)Anterior[1]2345678Siguiente